Contra los inmigrantes – Fin del Estatus de Protección Temporal de inmigrantes – Editorial – Opinión


EE. UU. y el mundo volvieron a ser testigos esta semana de un nuevo capítulo en la actitud antiinmigración del presidente Donald Trump. Su gobierno decidió terminar el Estatus de Protección Temporal de unos 200.000 salvadoreños que han estado desde el 2001 en territorio estadounidense, después de que se les otorgó permiso para vivir y trabajar allí luego de una serie de terremotos letales.

La advertencia fue clara: si no abandonan EE. UU. antes del 9 de septiembre de 2019, podrían ser deportados. La noticia, por supuesto, cayó como un balde de agua fría entre los salvadoreños que ya consideran este país como su hogar.

Con esta decisión, es más evidente la ‘guerra’ abierta contra los inmigrantes que Trump comenzó hace casi un año, al darles la espalda a cientos de miles de jóvenes y familias que han contribuido a la economía de EE. UU. El primer paso fue un decreto para vetar el ingreso de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana que, aunque estuvo bloqueado temporalmente por la justicia, terminó recibiendo un espaldarazo de la Corte Suprema.

Donald Trump

Tras bloqueo a la cancelación del programa Daca, el presidente Trump aseguró que el sistema judicial de EE. UU. es injusto y está quebrantado.

Foto:

Jonathan Ernst / Reuters

Después resolvió ponerle fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca) –impulsado en el 2012 por Barack Obama–, el cual protege de la deportación a unos 800.000 jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños, conocidos como dreamers.

Por eso cayó como un alivio el bloqueo temporal de esta medida, otorgado por un juez el mismo día que Trump presionaba por un acuerdo de migración bipartidista y que dijo –en otra muestra de soberbia– sería aprobado solo si su gobierno recibe dinero para el muro en la frontera con México.

Ahora Trump hace que los salvadoreños se unan al grupo de 60.000 haitianos y 2.500 nicaragüenses que se quedan a la deriva, y rompe, una vez más, con la postura de gobiernos anteriores que, con tropiezos, intentaron entender la realidad de los desarraigados. Esperemos que esta vez la justicia y el Congreso pronto estén del lado de los inmigrantes.

editorial@eltiempo.com




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